Sin fecha de caducidad la incertidumbre fiscal del país, advierten expertos

Aunque el fallo judicial que estableció la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cobraría vigencia en mayo próximo, la incertidumbre que arropa las finanzas públicas y el proceso de reestructuración de la deuda pública podría extenderse hasta finales de año si la Corte Suprema de Estados Unidos determine acoger la controversia.

Según el abogado de quiebras, John Mudd, la decisión de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) de solicitar una reconsideración al pleno del Primer Circuito de Apelaciones puede tener el efecto de dejar en suspenso el plazo de 90 días que ese foro otorgó al gobierno federal para corregir la inconstitucionalidad de la JSF.

Puede que no se vea una resolución hasta finales de año”, dijo Mudd a los integrantes de la Asociación de ExAlumnos de la Facultad de Administración de Empresas (AFAE) que se dieron cita a su reunión mensual en el Condado.

Según Mudd, el fallo del Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, podría tener ramificaciones tanto financieras como en la situación jurídico-política de Puerto Rico.

El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que los integrantes de la JSF son oficiales principales federales de Estados Unidos. Por ello, estos debieron pasar el cedazo del Senado federal, pero la ley federal Promesa estableció un proceso de nombramientos contrario a la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense. El foro apelativo federal dio a la Casa Blanca unos tres meses para corregir la situación, sea nombrando un nuevo cuerpo directivo o designando formalmente a los actuales integrantes de la JSF.

La semana pasada, la Utier -una de las partes que cuestionó con éxito la legitimidad de la JSF- pidió que el pleno de ese foro apelativo reconsidere su fallo y suspenda de inmediato las operaciones de la entidad fiscal federal.

La JSF, por su parte, ha informado que acudirá a la Corte Suprema, pero no ha formalizado su intención.

De acuerdo con Mudd -quien ha seguido el desarrollo de Promesa y los múltiples litigios asociados a los casos de Título III de la isla- el fallo deBoston deja en el tintero el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Recordó que el año pasado, la JSF reveló en corte que contemplaba trabajar para este año un plan de ajuste del gobierno central que buscaría imponer sus términos a todos los acreedores, lo que se conoce como “cram-down”.

Un plazo que no es factible

De igual forma, de acuerdo con el abogado, el funcionamiento de la JSF y lo hecho hasta la fecha en materia fiscal también podría cambiar.

Aunque la semana pasada el directivo de la JSF, David Skeel, sostuvo que una posibilidad para atender la inconstitucionalidad del ente fiscal es que la Casa Blanca le permita a él y sus homólogos completar su término, Mudd cree que eso no es posible.

Según Mudd, si los actuales directivos fueran a un proceso de confirmación en el Senado, estos serían nominados a un término de tres años, lo que excedería el vencimiento inicial de su mandato y que concluye en agosto próximo.

Y si fuera el caso que el presidente Donald Trump nombrara nuevos integrantes a la JSF, entonces se trataría de un nuevo ente fiscal.

Esa nueva junta podría reanudar el pago a los bonistas”, ejemplificó Mudd.

Otro elemento a considerar, según Mudd, es que el litigio en torno a la constitucionalidad de la JSF alarga el tiempo que los acreedores han permanecido sin cobrar un centavo, por lo que estos podrían solicitar a la corte desestimar los casos de Título III.

¿Y la economía?

Mientras el futuro de Puerto Rico pende de un fallo judicial, la economía continúa sin una ruta clara que permita cumplir con las obligaciones del gobierno, incluyendo el recién aprobado plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), dijeron economistas.

De acuerdo con el economista Antonio Fernós Sagebién, también orador del evento, la corte avaló un plan de ajuste de la deuda de Cofina alejando del plan fiscal que aprobó la JSF para esa corporación pública.

Según Fernós Sagebién, aunque en este año fiscal, los recaudos del impuesto a la Venta y Uso (IVU) exceden en casi 11% aquellos en el año fiscal 2017, nada de las previsiones en el plan fiscal de Cofina se ha concretado. Entre otras cosas, el economista destacó que el plan fiscal de Cofina calculaba que la economía de la isla vería la bonanza de unos $20,000 millones en reclamaciones de seguros post-María y contempla fondos federales para la recuperación que -aunque aprobados- su uso todavía no ha sido autorizado.

En términos similares se expresó el economista Joaquín Villamil al señalar que la JSF se verá a obligada a revisar las proyecciones de su nuevo plan fiscal.

Según Villamil, mientras la economía no crezca, el gobierno no podrá generar ingresos para pagar sus obligaciones.

Ya no hay más de dónde cortar”, dijo Villamil al destacar que en los pasados años, se ha producido un recorte appreciable del gasto público, particularmente en nómina.

Villamil dijo que entre los años 2001 a 2012, Puerto Rico emitió unos $42,000 millones en deuda y en ese mismo período, acumuló déficit presupuestarios por $22,000 millones.

En ese sentido, destacó que a pesar de la magnitud de la disaster hasta la fecha, ninguna de las medidas legisladas para poner fin al ciclo de sobregiro presupuestario ha dado resultado y los planes fiscales que ha aprobado a la JSF tampoco se han implementado a cabalidad.

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